El principio de transparencia es uno de los pilares sobre los que se asienta la democracia. Se refiere al deber de los funcionarios públicos de exponer al análisis de la ciudadanía (y en este caso de los asociados) la información de su gestión, el uso de recursos, los criterios con que toma decisiones y la conducta de sus miembros.
La gestión pública demanda una actuación eficaz e íntegra que se refleje en un buen gobierno y una buena administración. Los miembros del Consejo Directivo deben asegurar que las aspiraciones de sus asociados se hagan realidad adoptando, en consecuencia, decisiones que valoren todos los intereses involucrados, de manera abierta, participativa y respetando la voluntad de los socios y el marco normativo imperante.
Para que esto sea posible, son los agentes y funcionarios públicos quienes primero deben incorporar las normas éticas que se encuentran obligados a respetar y comprometerse con su cumplimiento. En ese sentido, las disposiciones sobre conflictos de intereses son fundamentales para preservar la imparcialidad, impartialidad e independencia de quienes ejercen funciones públicas y administran un patrimonio ajeno.
Con el objetivo de fortalecer una gestión eficaz, transparente y responsable, la Asociación se sirve de su propio Estatuto y de todas las normas que rigen la naturaleza de las asociaciones civiles sin fines de lucro.
